La discusión sobre la modificación de la fórmula tarifaria del servicio de gas y el incremento en el de la energía eléctrica, se ha convertido en un verdadero tilín tilín, sin soluciones concretas.

Ni las reuniones en Barranquilla y Bogotá ni los debates tanto en Cámara como en el Senado de la República, han arrojado los resultados que espera la Costa Caribe colombiana.

El Ministro de Minas, Tomás González, y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en cabeza de Jorge Pinto Nolla, han mantenido la tónica de seguir aplazando las decisiones, justificando las que ellos han adoptado en detrimento de los intereses de la Región Caribe.

En el caso del gas, esta semana sucedió exactamente lo mismo que ha venido ocurriendo durante un año de discusiones.

En la aplaudida reunión de Barranquilla, por ejemplo, como trascendental conclusión se determinó conformar una comisión integrada por la Andi, el dirigente Cesar Lorduy Maldonado y los representantes de Gases del Caribe y Surtigas.

El objetivo es que la CREG incluya el WTI en la indexación de precios y que revise la resolución 089, "por la cual se reglamentan aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del reglamento de operación de gas natural”, como parte de dicho indexador.

El West Texas Intermediate (WTI) es una corriente de crudo producido en Texas y el sur de Oklahoma que sirve como referencia para fijar el precio de otras corrientes de crudo.

Con esta modificación en la fórmula lo que se busca es proteger al sector residencial de la volatilidad generada por el WTI.

Adicionalmente, se planteó la necesidad de implementar la conexión de los campos del interior hacia el Caribe, un proyecto a largo plazo debido a la complejidad de su construcción.

La reunión se trasladó entonces a Bogotá, donde tampoco hubo humo blanco. Solo la promesa que a más tardar el lunes, cuando vence el plazo para tomar una decisión, tanto el Ministro Tomás González como la CREG se pronunciarán sobre si se igualan o no los precios en boca de pozo con respecto a los que se cobran en el interior del país.

Idéntica situación se presenta con el alza eléctrica. El tema fue objeto de duros debates tanto en la Comisión Sexta como en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En ambas sesiones salieron a relucir manejos que comprometen al Ministro y a la CREG a favor de los generadores de energía y en contra de los intereses de los usuarios.

Los fuertes cuestionamientos fueron hechos por los Representantes Carlos Eduardo Guevara, Ciro Antonio Rodríguez, Ape Cuello, Jaime Felipe Lozada, Carlos Alberto Cuero, Sara Piedrahita Lyons y David Barguil, entre otros.

Todos cuestionaron el manejo de los $15 billones entregados a los operadores por el denominado cargo por confiabilidad. Previamente se habían cobrado otros $3 billones por concepto de cargo por capacidad.

El cuestionamiento radica en el hecho de que el cargo serviría de seguro para garantizar la energía en épocas como las de El Niño. Sin embargo, ante esta eventualidad la solución del Ministro González y de la CREG es la de incrementar las tarifas de energía eléctrica. En otras palabras, le trasladan a los usuarios el pago de unas pérdidas de las que no tienen ninguna responsabilidad.

Lo que se demostró durante los debates fue el festín con dichos recursos. Las empresas recaudaron y muestran billonarias utilidades. Otras empresas recibieron los recursos y están quebradas. Otras fueron vendidas y los dueños se fueron del país, como en el caso de Termocandelaria. En todos los casos, la decisión del Ministro y de la CREG es aumentar las tarifas para que sean los usuarios quienes paguen por el desastre eléctrico.

Para los congresistas no existe duda que los operadores son quienes ejercen el control de la CREG y no esta hacia ellos.

Es por ello que el Senador Alexander López Maya comenzó a promover la Moción de Censura en contra del Ministro de Minas, Tomás González, “porque ha sido incapaz de responder ante la plenaria del Senado por su inaceptable claudicación de todos los mecanismos de regulación de tipo técnico, legal y discreccional del Gobierno Nacional, con destino a garantizar la prestación eficiente, continua y a un precio equitativo del servicio de energía eléctrica en el país, en explícito fracaso de la gestión de asuntos sensibles bajo cuerda de sus funciones, tal como lo demandan la Ley y la Constitución”.

Contradictoriamente, mientras la mayoría de los congresistas muestra su descontento por el alza eléctrica, otros como los senadores atlanticenses Efraín Cepeda Sarabia y José David Name, expresaron su apoyo a la fórmula del Gobierno de reajustar temporalmente las tarifas del servicio de energía.